Clarín: Caso Patti: aceptaron el ingreso de un procesado y volvió el debate
La facultad de los legisladores en actividad de ejercer el derecho de admisión sobre otros que, como ellos, fueron electos por voto popular, volvió al centro del debate.
El tema pasó por las primeras planas cuando la Cámara de Diputados les impidió el acceso al general Domingo Bussi, en 1999, y al ex subcomisario Luis Patti, en el 2005, acusados de participar en la represión ilegal de los años '70. Y recobró fuerza semanas atrás, al trascender que la Corte Suprema estaría a punto de declarar la invalidez de esas medidas, alegando que no puede prohibirse el ingreso a quien haya sido habilitado como candidato y no tenga condena firme en su contra.
El espinoso asunto tuvo una nueva vuelta de tuerca en la sesión del último miércoles. Un giro en el aire del mayoritario bloque K permitió la jura como diputado del peronista santiagueño Carlos "Pololo" Anauate, implicado en el crimen de La Dársena, un escándalo que movilizó a esa provincia y derivó en el fin de 50 años de dominio de los Juárez.
Los mismos kirchneristas habían impugnado el pliego de Anauate ocho meses atrás —cuando iba a reemplazar a Fernando Salim, electo intendente de Frías— debido a su oscuro prontuario policial. En ese momento, les bastó para ponerle el freno que estuviera procesado en aquella causa, y también en otra, donde se lo acusa de robo en banda.
Pero a la hora de los bifes, los K adhirieron al "principio de inocencia" —por ausencia de condena judicial— que esgrimía la oposición. Solo votaron contra Anauate los dos santiagueños que responden al gobernador Gerardo Zamora: los radicales K Daniel Brue y Cristian Oliva.
Remarcaron que Anauate estuvo once meses preso por el caso de las dos chicas salvajemente asesinadas a principios de 2003 y que en agosto comienza el juicio oral, al que llega acusado del delito de encubrimiento agravado. El juicio terminará el año que viene y Anauate ya habrá completado su corto mandato en diciembre. "¿Cómo explicamos que entra alguien que fue expulsado de la Legislatura provincial?", preguntó Oliva.
Otra pregunta que quedó flotando en los pasillos del Congreso es si el oficialismo dio tamaña voltereta para ganar un voto (Anauate nunca dejó de declarar públicamente su apoyo a la gestión de Néstor Kirchner) o para abrir un paraguas frente a la tormenta que le caería encima al cuerpo si la Corte habilita el ingreso de Patti. Frente a un posible conflicto de poderes, el oficialismo cree haber sumado un elemento concreto para demostrar que el rechazo de un pliego solo se justifica en casos de delitos de lesa humanidad.
A diferencia de Anauate, a Patti no le concedieron el principio de inocencia cuando fue empujado al ostracismo parlamentario. El ex policía está procesado por encubrir a un ex teniente coronel que intentó fugarse y no carga condenas, pero la mayoría que votó en su contra (conformada por los K y el ARI, entre otros) hizo hincapié en las sospechas que carga sobre sus hombros relacionadas a violaciones de los derechos humanos.
Con todo, no fue el kirchnerismo, sino el ARI, el bloque que hizo punta para marcar la diferencia. Distinguió el rechazo a Patti de la fría bienvenida a Anauate (solo fue saludado por la justicialista Mirta Pérez) sosteniendo que tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución prohíben dar fueros —que benefician a los diputados— a sospechosos de delitos de lesa humanidad.
La Justicia definirá si hay límites al voto popular. De favorecer a Bussi, como su mandato terminaba en el 2003, solo lo habilitaría a pedir una indemnización. Pero Patti (electo hasta el 2009) podría reclamar la banca. Se daría una situación inédita, porque ya lo reemplazó Dante Camaño.
El tema pasó por las primeras planas cuando la Cámara de Diputados les impidió el acceso al general Domingo Bussi, en 1999, y al ex subcomisario Luis Patti, en el 2005, acusados de participar en la represión ilegal de los años '70. Y recobró fuerza semanas atrás, al trascender que la Corte Suprema estaría a punto de declarar la invalidez de esas medidas, alegando que no puede prohibirse el ingreso a quien haya sido habilitado como candidato y no tenga condena firme en su contra.
El espinoso asunto tuvo una nueva vuelta de tuerca en la sesión del último miércoles. Un giro en el aire del mayoritario bloque K permitió la jura como diputado del peronista santiagueño Carlos "Pololo" Anauate, implicado en el crimen de La Dársena, un escándalo que movilizó a esa provincia y derivó en el fin de 50 años de dominio de los Juárez.
Los mismos kirchneristas habían impugnado el pliego de Anauate ocho meses atrás —cuando iba a reemplazar a Fernando Salim, electo intendente de Frías— debido a su oscuro prontuario policial. En ese momento, les bastó para ponerle el freno que estuviera procesado en aquella causa, y también en otra, donde se lo acusa de robo en banda.
Pero a la hora de los bifes, los K adhirieron al "principio de inocencia" —por ausencia de condena judicial— que esgrimía la oposición. Solo votaron contra Anauate los dos santiagueños que responden al gobernador Gerardo Zamora: los radicales K Daniel Brue y Cristian Oliva.
Remarcaron que Anauate estuvo once meses preso por el caso de las dos chicas salvajemente asesinadas a principios de 2003 y que en agosto comienza el juicio oral, al que llega acusado del delito de encubrimiento agravado. El juicio terminará el año que viene y Anauate ya habrá completado su corto mandato en diciembre. "¿Cómo explicamos que entra alguien que fue expulsado de la Legislatura provincial?", preguntó Oliva.
Otra pregunta que quedó flotando en los pasillos del Congreso es si el oficialismo dio tamaña voltereta para ganar un voto (Anauate nunca dejó de declarar públicamente su apoyo a la gestión de Néstor Kirchner) o para abrir un paraguas frente a la tormenta que le caería encima al cuerpo si la Corte habilita el ingreso de Patti. Frente a un posible conflicto de poderes, el oficialismo cree haber sumado un elemento concreto para demostrar que el rechazo de un pliego solo se justifica en casos de delitos de lesa humanidad.
A diferencia de Anauate, a Patti no le concedieron el principio de inocencia cuando fue empujado al ostracismo parlamentario. El ex policía está procesado por encubrir a un ex teniente coronel que intentó fugarse y no carga condenas, pero la mayoría que votó en su contra (conformada por los K y el ARI, entre otros) hizo hincapié en las sospechas que carga sobre sus hombros relacionadas a violaciones de los derechos humanos.
Con todo, no fue el kirchnerismo, sino el ARI, el bloque que hizo punta para marcar la diferencia. Distinguió el rechazo a Patti de la fría bienvenida a Anauate (solo fue saludado por la justicialista Mirta Pérez) sosteniendo que tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución prohíben dar fueros —que benefician a los diputados— a sospechosos de delitos de lesa humanidad.
La Justicia definirá si hay límites al voto popular. De favorecer a Bussi, como su mandato terminaba en el 2003, solo lo habilitaría a pedir una indemnización. Pero Patti (electo hasta el 2009) podría reclamar la banca. Se daría una situación inédita, porque ya lo reemplazó Dante Camaño.
