La Nación: Descartan que haya sido un atentado
No hay indicios de un atentado. Eso es lo que sostiene la Justicia en la investigación del accidente que en la madrugada del domingo acabó con la vida de 13 personas, incluidos los integrantes de la banda de cumbia peruana Néctar, que iban en la camioneta Mercedes-Benz que cayó desde la autopista 25 de Mayo, la AU-1, a la altura de San Cristóbal.
La jueza de instrucción María Rita Acosta caratuló el hecho como homicidio culposo reiterado y dispuso la libertad de los conductores de los dos automóviles que también participaron en el accidente trágico, un Mitsubishi y un Fiat Palio.
A pocas horas del hecho, el jefe de prensa de Néctar, Víctor Valladares, había especulado con la posibilidad de que el episodio hubiera sido producto de una represalia de presuntos grupos que habrían exigido a la banda peruana el 25 por ciento de la recaudación de cada presentación suya en el país.
Pero los primeros estudios realizados sobre la camioneta Mercedes-Benz Sprinter determinaron que no existió sabotaje ni atentado, dijeron a LA NACION fuentes policiales.
En tanto, familiares de los muertos se congregaron ayer en la morgue judicial, en Viamonte y Junín, para reclamar los cuerpos y poder así darles sepultura. Pero esto sólo será posible cuando se logre identificar a cada uno mediante el ADN, lo que podría demorar unos 10 días. Los estudios son necesarios porque los cuerpos quedaron carbonizados e irreconocibles. Sólo cuatro fueron identificados.
Patricia Vildoza, viuda del percusionista del grupo, Miguel Porras, contrató como abogado a Gregorio Dalbón, presidente de Favat, una entidad que lleva adelante casos de accidentes de tránsito, quien adelantó que querellará a AUSA, concesionaria de la AU-1, porque, a su entender, los guardarrails no son los adecuados.
Su perito, Eduardo Frigerio, explicó a LA NACION: "En ese tramo, sobre una cancha de paddle, la chapa no brinda la seguridad necesaria. Debería haber un «new jersey» [guardarrail de hormigón] con el lateral de chapa, capaz de devolver un vehículo a la autopista sin romperse".
El jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman, aseguró que la autopista "está permanentemente mantenida", aunque adelantó que "si hay algo" que falló en la estructura, la concesionaria "se hará responsable".
Ayer, en un comunicado, AUSA había sostenido que la camioneta se precipitó al vacío y cayó sobre una cancha de paddle de la calle Pichincha, para estallar e incendiarse hasta quedar totalmente carbonizada, porque iba a mayor velocidad que la permitida y en un carril prohibido para un vehículo de su tipo.
Aún no se sabe qué produjo la explosión de la camioneta, que era diesel y no de GNC, como se informó ayer. El presidente de la Cámara de Expendedores de GNC, Enrique Fridman, dijo a LA NACION que "extraoficialmente les informaron que el vehículo no era impulsado a gas". Y la Cámara Argentina de GNC sostuvo que si hubiera tenido un tubo de GNC la camioneta "no hubiera explotado".
La jueza de instrucción María Rita Acosta caratuló el hecho como homicidio culposo reiterado y dispuso la libertad de los conductores de los dos automóviles que también participaron en el accidente trágico, un Mitsubishi y un Fiat Palio.
A pocas horas del hecho, el jefe de prensa de Néctar, Víctor Valladares, había especulado con la posibilidad de que el episodio hubiera sido producto de una represalia de presuntos grupos que habrían exigido a la banda peruana el 25 por ciento de la recaudación de cada presentación suya en el país.
Pero los primeros estudios realizados sobre la camioneta Mercedes-Benz Sprinter determinaron que no existió sabotaje ni atentado, dijeron a LA NACION fuentes policiales.
En tanto, familiares de los muertos se congregaron ayer en la morgue judicial, en Viamonte y Junín, para reclamar los cuerpos y poder así darles sepultura. Pero esto sólo será posible cuando se logre identificar a cada uno mediante el ADN, lo que podría demorar unos 10 días. Los estudios son necesarios porque los cuerpos quedaron carbonizados e irreconocibles. Sólo cuatro fueron identificados.
Patricia Vildoza, viuda del percusionista del grupo, Miguel Porras, contrató como abogado a Gregorio Dalbón, presidente de Favat, una entidad que lleva adelante casos de accidentes de tránsito, quien adelantó que querellará a AUSA, concesionaria de la AU-1, porque, a su entender, los guardarrails no son los adecuados.
Su perito, Eduardo Frigerio, explicó a LA NACION: "En ese tramo, sobre una cancha de paddle, la chapa no brinda la seguridad necesaria. Debería haber un «new jersey» [guardarrail de hormigón] con el lateral de chapa, capaz de devolver un vehículo a la autopista sin romperse".
El jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman, aseguró que la autopista "está permanentemente mantenida", aunque adelantó que "si hay algo" que falló en la estructura, la concesionaria "se hará responsable".
Ayer, en un comunicado, AUSA había sostenido que la camioneta se precipitó al vacío y cayó sobre una cancha de paddle de la calle Pichincha, para estallar e incendiarse hasta quedar totalmente carbonizada, porque iba a mayor velocidad que la permitida y en un carril prohibido para un vehículo de su tipo.
Aún no se sabe qué produjo la explosión de la camioneta, que era diesel y no de GNC, como se informó ayer. El presidente de la Cámara de Expendedores de GNC, Enrique Fridman, dijo a LA NACION que "extraoficialmente les informaron que el vehículo no era impulsado a gas". Y la Cámara Argentina de GNC sostuvo que si hubiera tenido un tubo de GNC la camioneta "no hubiera explotado".
