La Nación: Definen cómo sería la policía porteña
Confiado en que la consulta popular del 24 del mes próximo arrojará un fuerte respaldo de los porteños a la iniciativa, lo que lo hace pensar que difícilmente ese pronunciamiento pueda ser ignorado por la Legislatura local y por el Congreso Nacional, el gobierno porteño avanza en los preparativos formales y operativos para crear la Policía de la Ciudad Autónoma (PCA). Hasta un identikit del futuro agente policial, con sus correspondientes uniforme y equipamiento, manejan ya los funcionarios de Jorge Telerman.
Vestido con ropas azulinas y chaleco antibalas al tono y portando un arma calibre 9 mm, gas irritante, una tonfa, esposas, silbato, un handy, un micrófono de manos libres y un costoso localizador GPS, los uniformados de la PCA -que el gobierno propone que convivan con los de la Policía Federal- recorrerán las calles de la Capital en patrullas y en motos de baja cilindrada y desplazamiento ágil.
Su función primordial será controlar el cumplimiento de las leyes locales, o sea, de la normativa vigente en materia de contravenciones y faltas. Por ejemplo, controlar la prostitución, la venta ambulante, las infracciones de tránsito y la actividad ilegal de los camiones que entran en la ciudad para comprar lo recolectado por los cartoneros.
En segundo lugar, colaborarán con los agentes de la Policía Federal en la prevención y el castigo del delito, aunque podrán intervenir solos en caso de encontrar a los delincuentes in fraganti, según los planes oficiales.
Entre sus principios generales de actuación figura -siempre según las intenciones del Poder Ejecutivo local- la intervención "en forma preventiva, disuasiva y/o mediante el uso efectivo de la fuerza, en protección de los derechos de los habitantes de la ciudad autónoma".
Facultades
Estarán facultados para limitar la libertad de las personas únicamente en tres casos: en cumplimiento de una orden emanada de una autoridad judicial competente, cuando se trate de algún supuesto previsto en los códigos Procesal Penal o Contravencional y cuando sea necesario identificar a alguien en circunstancias que razonablemente lo justifiquen si la persona se niega a dar sus datos filiatorios o no tiene la documentación que acredite su identidad.
Con sueldos brutos no inferiores a los 1800 pesos mensuales -los de la Federal perciben $1500-, los miembros de la PCA trabajarán ocho horas. Así lo exigirá el gobierno porteño a cambio de esa paga, y los eximirá, además, de tareas administrativas y contables, que serán realizadas por civiles.
Los hombres y mujeres de la policía de la ciudad -que, entre otros requisitos, deberán tener estudios secundarios completos- reportarán a un jefe, cargo que será ocupado por un oficial superior de cualquiera de las fuerzas de seguridad existentes. La primera vez podrá ser designado un uniformado en actividad o retirado y, en adelante, sólo podrá ocupar el puesto un oficial en actividad.
Fuentes del gobierno porteño confiaron a LA NACION que ya existen conversaciones con un candidato, aunque se negaron a revelar su identidad porque todavía no fue aprobado por Telerman.
Un largo trámite
En principio, explicaron los voceros, la PCA estará integrada por los 800 efectivos de la Policía Federal que hoy conforman la Dirección General de Policía Comunitaria, dependiente de la fuerza de seguridad nacional, aunque sus salarios los paga la administración porteña.
Para esto, resulta necesaria la firma de un convenio de transferencia entre el Ministerio del Interior y la ciudad. Pese a la creciente enemistad entre ambas gestiones por la inminencia de los comicios porteños, para las que la Casa Rosada respalda a Daniel Filmus, los colaboradores de Telerman estiman que el gobierno nacional cederá los agentes por la presión que los vecinos porteños calculan que expresarán en el plebiscito del 24 de junio, junto con la prevista segunda vuelta electoral.
Los cálculos más optimistas estiman que el 70% de los votantes optará por el "sí" a la hora de responder a la consulta "¿Está de acuerdo con que el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires promueva durante 2007 la creación de la policía con competencia en materia contravencional y de faltas, mientras sigue reclamando al gobierno federal la transferencia de los servicios de prevención y represión del delito que actualmente presta la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal y los recursos presupuestarios correspondientes?".
Así dirán las boletas, según el decreto de convocatoria publicado el lunes pasado en el Boletín Oficial con el número 723/07.
El interrogante terminó siendo tan extenso, pudo saber LA NACION, para evitar una posible impugnación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ante la formulación de una propuesta legalmente impracticable.
Presión
Un alto porcentaje en favor de la constitución de una fuerza de seguridad propia en el plebiscito -elucubran- también podría forzar a la Legislatura porteña a aprobar la ley orgánica de la PCA, cuyo borrador ya fue confeccionado por el Poder Ejecutivo de la Capital y será remitido como proyecto de ley al Poder Legislativo (ver aparte).
Hoy, el gobierno presentará oficialmente el decreto 723 y la iniciativa de ley ante la opinión pública, a los que ya tuvo acceso LA NACION.
De la misma manera, una amplia adhesión de los vecinos servirá para impulsar en el Congreso Nacional la sanción de una ley que autorice a la ciudad a crear un cuerpo propio para aplicar la normativa local sobre contravenciones y faltas, un trámite sumamente más sencillo que la derogación de la denominada ley Cafiero -que restringe el traspaso de la Policía Federal- y la transferencia de 2000 millones de pesos de fondos de coparticipación a la ciudad en detrimento de las provincias.
Vestido con ropas azulinas y chaleco antibalas al tono y portando un arma calibre 9 mm, gas irritante, una tonfa, esposas, silbato, un handy, un micrófono de manos libres y un costoso localizador GPS, los uniformados de la PCA -que el gobierno propone que convivan con los de la Policía Federal- recorrerán las calles de la Capital en patrullas y en motos de baja cilindrada y desplazamiento ágil.
Su función primordial será controlar el cumplimiento de las leyes locales, o sea, de la normativa vigente en materia de contravenciones y faltas. Por ejemplo, controlar la prostitución, la venta ambulante, las infracciones de tránsito y la actividad ilegal de los camiones que entran en la ciudad para comprar lo recolectado por los cartoneros.
En segundo lugar, colaborarán con los agentes de la Policía Federal en la prevención y el castigo del delito, aunque podrán intervenir solos en caso de encontrar a los delincuentes in fraganti, según los planes oficiales.
Entre sus principios generales de actuación figura -siempre según las intenciones del Poder Ejecutivo local- la intervención "en forma preventiva, disuasiva y/o mediante el uso efectivo de la fuerza, en protección de los derechos de los habitantes de la ciudad autónoma".
Facultades
Estarán facultados para limitar la libertad de las personas únicamente en tres casos: en cumplimiento de una orden emanada de una autoridad judicial competente, cuando se trate de algún supuesto previsto en los códigos Procesal Penal o Contravencional y cuando sea necesario identificar a alguien en circunstancias que razonablemente lo justifiquen si la persona se niega a dar sus datos filiatorios o no tiene la documentación que acredite su identidad.
Con sueldos brutos no inferiores a los 1800 pesos mensuales -los de la Federal perciben $1500-, los miembros de la PCA trabajarán ocho horas. Así lo exigirá el gobierno porteño a cambio de esa paga, y los eximirá, además, de tareas administrativas y contables, que serán realizadas por civiles.
Los hombres y mujeres de la policía de la ciudad -que, entre otros requisitos, deberán tener estudios secundarios completos- reportarán a un jefe, cargo que será ocupado por un oficial superior de cualquiera de las fuerzas de seguridad existentes. La primera vez podrá ser designado un uniformado en actividad o retirado y, en adelante, sólo podrá ocupar el puesto un oficial en actividad.
Fuentes del gobierno porteño confiaron a LA NACION que ya existen conversaciones con un candidato, aunque se negaron a revelar su identidad porque todavía no fue aprobado por Telerman.
Un largo trámite
En principio, explicaron los voceros, la PCA estará integrada por los 800 efectivos de la Policía Federal que hoy conforman la Dirección General de Policía Comunitaria, dependiente de la fuerza de seguridad nacional, aunque sus salarios los paga la administración porteña.
Para esto, resulta necesaria la firma de un convenio de transferencia entre el Ministerio del Interior y la ciudad. Pese a la creciente enemistad entre ambas gestiones por la inminencia de los comicios porteños, para las que la Casa Rosada respalda a Daniel Filmus, los colaboradores de Telerman estiman que el gobierno nacional cederá los agentes por la presión que los vecinos porteños calculan que expresarán en el plebiscito del 24 de junio, junto con la prevista segunda vuelta electoral.
Los cálculos más optimistas estiman que el 70% de los votantes optará por el "sí" a la hora de responder a la consulta "¿Está de acuerdo con que el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires promueva durante 2007 la creación de la policía con competencia en materia contravencional y de faltas, mientras sigue reclamando al gobierno federal la transferencia de los servicios de prevención y represión del delito que actualmente presta la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal y los recursos presupuestarios correspondientes?".
Así dirán las boletas, según el decreto de convocatoria publicado el lunes pasado en el Boletín Oficial con el número 723/07.
El interrogante terminó siendo tan extenso, pudo saber LA NACION, para evitar una posible impugnación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ante la formulación de una propuesta legalmente impracticable.
Presión
Un alto porcentaje en favor de la constitución de una fuerza de seguridad propia en el plebiscito -elucubran- también podría forzar a la Legislatura porteña a aprobar la ley orgánica de la PCA, cuyo borrador ya fue confeccionado por el Poder Ejecutivo de la Capital y será remitido como proyecto de ley al Poder Legislativo (ver aparte).
Hoy, el gobierno presentará oficialmente el decreto 723 y la iniciativa de ley ante la opinión pública, a los que ya tuvo acceso LA NACION.
De la misma manera, una amplia adhesión de los vecinos servirá para impulsar en el Congreso Nacional la sanción de una ley que autorice a la ciudad a crear un cuerpo propio para aplicar la normativa local sobre contravenciones y faltas, un trámite sumamente más sencillo que la derogación de la denominada ley Cafiero -que restringe el traspaso de la Policía Federal- y la transferencia de 2000 millones de pesos de fondos de coparticipación a la ciudad en detrimento de las provincias.
