La Nación: La Legislatura habilitó por ley la intervención de la obra social
En la tarde de ayer, la Legislatura porteña le otorgó a la intervención a la obra social de los empleados municipales, Obsba, la legitimidad que pocas horas antes le había quitado la Justicia local: los diputados macristas y de la Coalición Cívica aprobaron una ley que faculta al Poder Ejecutivo de la ciudad a, justamente, intervenir la entidad por 180 días corridos, luego de que la magistrada Elena Liberatori suspendiera la vigencia del decreto de necesidad y urgencia con el que el 2 del actual Mauricio Macri había ordenado esa medida.
Según anticiparon fuentes oficiales inobjetables, con el respaldo legal de la flamante norma sancionada, el gobierno porteño emitirá un nuevo decreto para establecer la intervención a la Obsba. Pero ya no se tratará de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) como el que suscitó el recurso de amparo presentado por el sindicato de los trabajadores estatales, Sutecba, al que ayer Liberatori hizo lugar.
La magistrada había justificado su fallo, entre otros argumentos, en la inexistencia de las "circunstancias excepcionales" que, según prevé la Constitución porteña, ameritan el dictado de un DNU. "No hay evidencia de los extremos constitucionales del artículo 103 que habiliten al jefe de gobierno a decidir la intervención de la obra social de los trabajadores", sostuvo.
En ese sentido, la jueza entendió que los objetivos de la intervención planteados en el DNU (adherir al sistema nacional de obras sociales, realizar un detallado informe de la situación económica y financiera de la entidad, velar por el cumplimiento de las leyes a las que se encuentra sometida) bien podían ser alcanzados mediante los llamados "órganos naturales": el directorio de la Obsba, un ente colegiado con representantes del Poder Ejecutivo y de los sindicatos; la Legislatura de la ciudad, y la propia Jefatura de Gobierno, con sus atribuciones de "iniciativa legislativa".
"Se trata simplemente de reencontrar el criterio de razonabilidad que debe haber entre medios y fines, teniendo en la mira que una medida como la adoptada mediante el decreto de necesidad y urgencia 01/2008 constituye una última ratio del orden jurídico", dijo la jueza.
Y agregó la magistrada: "En efecto, dejar de lado los mecanismos institucionales naturales es una medida de gravedad institucional, por lo cual su ejercicio requiere de extrema ponderación y prudencia".
Sin triunfos ni derrotas
El fallo se conoció a media mañana de ayer. "No hay triunfos ni derrotas. Se ha resguardado la legalidad constitucional", evaluó enseguida Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista que había patrocinado al sindicato en la acción de amparo.
En el gobierno porteño, en cambio, eligieron el silencio en ese primer momento. Y organizaron una reunión cumbre a la que fueron convocados el vicepresidente 1° de la Legislatura, el macrista Diego Santilli, y el presidente del bloque de Pro, Oscar Moscariello. La Legislatura tenía prevista una sesión extraordinaria para tratar el DNU de Macri y un proyecto de ley de la Coalición Cívica (CC) que proponía la creación de una comisión interdisciplinaria destinada a elaborar un plan de reconversión de la Obsba.
Tanto los diputados porteños de la coalición como su referente nacional, Elisa Carrió, habían expresado en los días previos su apoyo a la desregulación de la obra social de los empleados municipales, única manera de permitir la libre elección de sus 121.000 afiliados, hoy cautivos, pero con suficientes recaudos como para evitar un éxodo masivo de los beneficiarios que pusiera en peligro la atención de los 70.000 jubilados que recibe la obra social.
La ley 472, de creación de la Obsba, estableció que su directorio debía encarar el proceso de adhesión al sistema nacional de obras sociales, que liberaba a los afiliados, antes del 1° de enero de 2003. Pero nunca lo hizo.
Durante el mediodía de ayer, en Bolívar 1, Macri, Gabriela Michetti, Horacio Rodríguez Larreta, Marcos Peña y otros miembros del gabinete analizaron el fallo y los pasos por seguir. Y contactaron al jefe de bloque de la CC, Enrique Olivera, para saber hasta dónde apoyaría los planes macristas (ver aparte).
Con el camino judicial empantanado, finalmente el gobierno porteño decidió recurrir a sus hombres y sus ocasionales aliados en la Legislatura. Las negociaciones terminaron con el acuerdo de no tratar el DNU en la sesión extraordinaria e incorporar en el proyecto de la CC el artículo que facultaba al Poder Ejecutivo a intervenir la Obsba.
La ley, aprobada con 33 votos positivos -aportados por el macrismo y la coalición; el kirchnerismo no bajó al recinto-, establece, además, la creación en el ámbito legislativo de una comisión integrada por cinco delegados del gobierno, cinco de la Legislatura y cinco de los gremios reconocidos en la ciudad (no sólo de Sutecba) para elaborar, en 120 días, un plan de reconversión de la Obsba.
"Existe en el gobierno y en la Legislatura la convicción de lo justo que es liberar a los trabajadores para que puedan elegir libremente quién les cuida la salud a ellos y a sus familias", dijo anoche Macri.
El secretario de Prensa de Sutecba, Enrique Pistoletti, adelantó que habrá nuevas medidas judiciales.
Según anticiparon fuentes oficiales inobjetables, con el respaldo legal de la flamante norma sancionada, el gobierno porteño emitirá un nuevo decreto para establecer la intervención a la Obsba. Pero ya no se tratará de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) como el que suscitó el recurso de amparo presentado por el sindicato de los trabajadores estatales, Sutecba, al que ayer Liberatori hizo lugar.
La magistrada había justificado su fallo, entre otros argumentos, en la inexistencia de las "circunstancias excepcionales" que, según prevé la Constitución porteña, ameritan el dictado de un DNU. "No hay evidencia de los extremos constitucionales del artículo 103 que habiliten al jefe de gobierno a decidir la intervención de la obra social de los trabajadores", sostuvo.
En ese sentido, la jueza entendió que los objetivos de la intervención planteados en el DNU (adherir al sistema nacional de obras sociales, realizar un detallado informe de la situación económica y financiera de la entidad, velar por el cumplimiento de las leyes a las que se encuentra sometida) bien podían ser alcanzados mediante los llamados "órganos naturales": el directorio de la Obsba, un ente colegiado con representantes del Poder Ejecutivo y de los sindicatos; la Legislatura de la ciudad, y la propia Jefatura de Gobierno, con sus atribuciones de "iniciativa legislativa".
"Se trata simplemente de reencontrar el criterio de razonabilidad que debe haber entre medios y fines, teniendo en la mira que una medida como la adoptada mediante el decreto de necesidad y urgencia 01/2008 constituye una última ratio del orden jurídico", dijo la jueza.
Y agregó la magistrada: "En efecto, dejar de lado los mecanismos institucionales naturales es una medida de gravedad institucional, por lo cual su ejercicio requiere de extrema ponderación y prudencia".
Sin triunfos ni derrotas
El fallo se conoció a media mañana de ayer. "No hay triunfos ni derrotas. Se ha resguardado la legalidad constitucional", evaluó enseguida Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista que había patrocinado al sindicato en la acción de amparo.
En el gobierno porteño, en cambio, eligieron el silencio en ese primer momento. Y organizaron una reunión cumbre a la que fueron convocados el vicepresidente 1° de la Legislatura, el macrista Diego Santilli, y el presidente del bloque de Pro, Oscar Moscariello. La Legislatura tenía prevista una sesión extraordinaria para tratar el DNU de Macri y un proyecto de ley de la Coalición Cívica (CC) que proponía la creación de una comisión interdisciplinaria destinada a elaborar un plan de reconversión de la Obsba.
Tanto los diputados porteños de la coalición como su referente nacional, Elisa Carrió, habían expresado en los días previos su apoyo a la desregulación de la obra social de los empleados municipales, única manera de permitir la libre elección de sus 121.000 afiliados, hoy cautivos, pero con suficientes recaudos como para evitar un éxodo masivo de los beneficiarios que pusiera en peligro la atención de los 70.000 jubilados que recibe la obra social.
La ley 472, de creación de la Obsba, estableció que su directorio debía encarar el proceso de adhesión al sistema nacional de obras sociales, que liberaba a los afiliados, antes del 1° de enero de 2003. Pero nunca lo hizo.
Durante el mediodía de ayer, en Bolívar 1, Macri, Gabriela Michetti, Horacio Rodríguez Larreta, Marcos Peña y otros miembros del gabinete analizaron el fallo y los pasos por seguir. Y contactaron al jefe de bloque de la CC, Enrique Olivera, para saber hasta dónde apoyaría los planes macristas (ver aparte).
Con el camino judicial empantanado, finalmente el gobierno porteño decidió recurrir a sus hombres y sus ocasionales aliados en la Legislatura. Las negociaciones terminaron con el acuerdo de no tratar el DNU en la sesión extraordinaria e incorporar en el proyecto de la CC el artículo que facultaba al Poder Ejecutivo a intervenir la Obsba.
La ley, aprobada con 33 votos positivos -aportados por el macrismo y la coalición; el kirchnerismo no bajó al recinto-, establece, además, la creación en el ámbito legislativo de una comisión integrada por cinco delegados del gobierno, cinco de la Legislatura y cinco de los gremios reconocidos en la ciudad (no sólo de Sutecba) para elaborar, en 120 días, un plan de reconversión de la Obsba.
"Existe en el gobierno y en la Legislatura la convicción de lo justo que es liberar a los trabajadores para que puedan elegir libremente quién les cuida la salud a ellos y a sus familias", dijo anoche Macri.
El secretario de Prensa de Sutecba, Enrique Pistoletti, adelantó que habrá nuevas medidas judiciales.
