La Nación: Dictarían la prisión preventiva del piquetero Rodríguez

La jueza de garantías Marcela Garmendia podría dictar, en las próximas horas, la prisión preventiva del líder del Movimiento Popular 29 de Octubre (MP-29), Daniel Rodríguez, por la toma del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, el 17 de diciembre último, que terminó con tres policías y un vigilador privado heridos.

Sucede que la Sala II de la Cámara Penal de Apelaciones no hizo lugar, en el caso de ese imputado, a un pedido de exención de prisión presentado por la defensa.

La fiscal Ana Medina, que pidió la prisión preventiva de Rodríguez, también había solicitado las capturas de otros 46 piqueteros que entraron en la cartera, armados con bombas molotov y, por lo menos, dos pistolas calibre 45. Pero esas detenciones están suspendidas debido al planteo de exención de prisión presentado por la defensa, que, en esos 46 casos, aún no fue definido por la Cámara. Según fuentes judiciales, este cuerpo podría reunirse en los próximos días para resolver el pedido.

Es cierto: Rodríguez ya está preso, desde el sábado 29 de diciembre, pero por otra causa, que investiga el juez federal de Quilmes, Luis Armella: el acopio de un arsenal, que incluía fusiles, miras telescópicas, escopetas, chalecos antibalas robados a la policía, pistolas 45, municiones de varios calibres y hasta trotyl. Tenía gran parte del arsenal en su vivienda.

Aquel sábado, la policía llegó a la casa de Rodríguez, situada en el 761 de la calle Pérez Galdós, en Quilmes, luego de que un vecino llamara al número de emergencias policiales para denunciar que un hombre estaba golpeando a su mujer. El hombre denunciado era el líder piquetero. Su mujer, de 21 años y embarazada de cinco meses, había iniciado una discusión, al parecer porque Rodríguez la había engañado. Fuentes de la investigación contaron que la mujer les dijo a los policías que ése era el hombre que buscaban por el copamiento del ministerio. Y les contó sobre el arsenal.

Armella asignó una custodia a la mujer, una de las principales testigos en la causa. Según informantes con acceso al expediente, el juez cree que hay más armas en poder de piqueteros y también sospecha de otros dos hombres: Leandro Díaz, del MTD Trabajo y Dignidad, y de Daniel Juárez, del MTR Trabajo, Educación, Salud y Vivienda. Las casas de Díaz y de Juárez también fueron allanadas, además de dos comedores que dirigen estos dirigentes, pero no se encontraron armas.

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No sólo se encontraron armas en los allanamientos. También había un plano del ministerio tomado; un listado con nombres de personas que habían participado de la ocupación, definida por el MP-29 como Operación Progreso; 22.000 pesos, y otras pruebas que condujeron al juez a sospechar que existen vínculos entre ese movimiento y funcionarios nacionales.

Entre otros elementos, se encontraron documentos que acreditarían que Rodríguez manejaba entre 40 y 50 planes para desempleados, acreditaciones para actos oficiales y siete máquinas de coser embaladas, que habrían sido enviadas desde el Estado nacional.

Uno de los testigos más importantes de la causa que investiga Armella mencionó a Rogelio Iparraguirre, asesor de la Secretaría General de la Presidencia. Iparraguirre, además, formó parte de la autodenominada Armada Brancaleone, un grupo de funcionarios nacionales comandados por el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, que a fines de 2004 se encargó de negociar con movimientos de desocupados para frenar los piquetes.