La Nación: Fueron liberados los taxistas detenidos por los incidentes

Los cuatro taxistas imputados por la batalla campal en la Legislatura porteña ayer seguían internados, aunque excarcelados por orden del juez Javier Ríos, que les imputó los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones. El defensor de los imputados, el ex juez bonaerense Daniel Llermanos, preparaba anoche la querella criminal que hoy presentará ante la Justicia, en contra de los policías que se enfrentaron con los manifestantes, en Perú e Hipólito Yrigoyen de esta ciudad.

Al cierre de esta edición, sólo permanecía detenido uno de los 22 policías que terminaron internados en el hospital Churruca luego de la pelea: se trata del agente Cristian Sorge, que permanece en terapia intensiva, luego de que perdiera el conocimiento por una grave contusión cerebral, producto de un piedrazo y de posteriores palazos, informó la Policía Federal.

"El magistrado dispuso la excarcelación de mis defendidos en atención a que las disposiciones procesales y penales le dan esa atribución, amén de que lo imputados no tenían antecedentes ni condenas previas, y tienen arraigo familiar y laboral", dijo a LA NACION Llermanos.

Anteayer, y sólo unas pocas horas después de los enfrentamientos, el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Jorge Viviani, había exigido públicamente la liberación de sus cuatro compañeros detenidos. El juez lo resolvió ayer, según Llermanos, porque los delitos que se les atribuían eran excarcelables.

Diferencias

Cuando se le consultó cuál era la diferencia entre este caso y el de la refriega frente a la Legislatura en ocasión de la votación de las modificaciones al Código Contravencional, en julio de 2004, el ex juez opinó: "Creo que en este caso el magistrado actuó con la prudencia necesaria y los sometió a proceso, pero los dejó en libertad. En aquel caso se les imputó un delito no excarcelable pero, al final del proceso, todos fueron absueltos".

En aquella oportunidad, la Justicia de instrucción había imputado delitos más graves que en esta ocasión, como los daños agravados (por los destrozos ocasionados al edificio de la Legislativo), coacción agravada (la acción para evitar que los legisladores sesionaran y aprobaran la ley) y privación ilegal de la libertad (por impedir que los diputados porteños pudieran salir de la sede de Perú 130).

Finalmente, hace un año, un tribunal oral absolvió a 12 de los 14 acusados, y a los otros dos los condenó a penas en suspenso -aunque uno de ellos quedó preso porque tenía una sentencia previa- por el delito de daño agravado.