La Nación: Qué oculta la pelea por el control de la policía
¿Qué es lo que oculta esta pelea mediática casi diaria entre Mauricio Macri y el Gobierno por el control de la policía? ¿Le va la vida -y la gestión y el futuro político- a Macri en esta lucha? ¿De algo le sirve al Gobierno tanta tensión? ¿Por qué semejante enfrentamiento si nunca un alcalde porteño manejó la seguridad en la ciudad?
Néstor Kirchner y Mauricio Macri pelean por 900 millones de pesos, por 53 comisarías, por unos 12.000 agentes y, sobre todo, por el control de la vía pública y de las políticas de seguridad en uno de los dos territorios más visibles del país (el otro es el conurbano bonaerense).
Hay poder, dinero, la gestión de miles de recursos humanos y un enfrentamiento ideológico detrás de esta batalla.
Macri elige llevar a los medios sus reclamos porque no encuentra en el Gobierno las respuestas que pretende. La seguridad y el control de la vía pública ocuparon casi toda su plataforma electoral, de modo que sin la policía debería apuntar su gobierno hacia otros ejes de gestión, diferentes de los que prometió. Su contrato con la sociedad aparece atado a un orden en el que resulta imprescindible el dominio de la seguridad.
Para ganar las elecciones, Macri sobreactuó en la campaña su capacidad para solucionar el desorden, la inseguridad y el caos en la vía pública. Lo hizo aun cuando sabía que no contaba con las herramientas necesarias. La Casa Rosada ahora lo delata con argucias políticas.
Es importante entender que la policía, en la ciudad, no sólo sirve para detener delincuentes. Una multa de tránsito exige la presencia policial. Un desalojo en casas tomadas o terrenos usurpados precisa el acompañamiento de fuerzas de seguridad. El combate de la venta ambulante requiere policías. El control de locales comerciales y la habilitación de espectáculos deportivos o artísticos deben contar con el apoyo de agentes.
Más claro: tránsito, espacio público, inspecciones, espectáculos, vivienda, política productiva... en todo resulta fundamental la policía. Macri siente que el gobierno nacional condicionará su gestión, su relación con la gente y, por lo tanto, su carrera política si no le cede el poder sobre la seguridad.
El gobierno nacional, mientras, promete modificar el artículo 7° de la llamada ley Cafiero. Es el que prohíbe que la ciudad conduzca una policía propia. Así, entrampa a Macri. Lo obliga a crear una policía paralela o a aceptar el traspaso de la Federal sin recursos. Es una maniobra de doble efecto: debilita a su adversario y mantiene el equilibrio con las provincias.
La ciudad no parece en condiciones de reasignar 900 millones de pesos por año para llevar a la calle el absurdo de tener dos policías. Necesita que el gobierno nacional le transfiera fondos para ello. Pero el Gobierno se desentiende y responde que la única solución es la modificación de la ley de coparticipación. Ergo, enfrenta a Macri con las provincias y lo convierte en una especie de cuco para el interior.
La ciudad recibe el 1,4% de los recursos coparticipables. Poco. Pero las provincias no aceptan ceder más dinero para pagar la policía de los porteños. En la práctica, hoy la pagan, pues los recursos de la Federal surgen del presupuesto nacional. El tema es que no se toma de la coparticipación, sino del dinero que maneja la Nación. Modificar la coparticipación implica restarle ingresos al interior.
El enfrentamiento esconde también una lucha ideológica. El control laxo de la vía pública ejercido por el progresismo se opone con la política más firme sugerida por el centro que representa Macri.
Cómo se resuelven los problemas cotidianos en la calle marca otro punto de la rivalidad. Se trata, para los porteños, de un incordio no resuelto por la centroizquierda en los últimos siete años. ¿Le interesa al Gobierno darle justo a Macri la posibilidad de solucionar el problema desde otra óptica ideológica?
El gobierno nacional traba a Macri, lo enfrenta con el interior, limita su gestión y, de paso, se queda con 900 millones y el manejo de la política de control. Macri pelea porque necesita la policía para cumplir con lo que prometió. Hay dinero, recursos y política detrás del enfrentamiento.
Néstor Kirchner y Mauricio Macri pelean por 900 millones de pesos, por 53 comisarías, por unos 12.000 agentes y, sobre todo, por el control de la vía pública y de las políticas de seguridad en uno de los dos territorios más visibles del país (el otro es el conurbano bonaerense).
Hay poder, dinero, la gestión de miles de recursos humanos y un enfrentamiento ideológico detrás de esta batalla.
Macri elige llevar a los medios sus reclamos porque no encuentra en el Gobierno las respuestas que pretende. La seguridad y el control de la vía pública ocuparon casi toda su plataforma electoral, de modo que sin la policía debería apuntar su gobierno hacia otros ejes de gestión, diferentes de los que prometió. Su contrato con la sociedad aparece atado a un orden en el que resulta imprescindible el dominio de la seguridad.
Para ganar las elecciones, Macri sobreactuó en la campaña su capacidad para solucionar el desorden, la inseguridad y el caos en la vía pública. Lo hizo aun cuando sabía que no contaba con las herramientas necesarias. La Casa Rosada ahora lo delata con argucias políticas.
Es importante entender que la policía, en la ciudad, no sólo sirve para detener delincuentes. Una multa de tránsito exige la presencia policial. Un desalojo en casas tomadas o terrenos usurpados precisa el acompañamiento de fuerzas de seguridad. El combate de la venta ambulante requiere policías. El control de locales comerciales y la habilitación de espectáculos deportivos o artísticos deben contar con el apoyo de agentes.
Más claro: tránsito, espacio público, inspecciones, espectáculos, vivienda, política productiva... en todo resulta fundamental la policía. Macri siente que el gobierno nacional condicionará su gestión, su relación con la gente y, por lo tanto, su carrera política si no le cede el poder sobre la seguridad.
El gobierno nacional, mientras, promete modificar el artículo 7° de la llamada ley Cafiero. Es el que prohíbe que la ciudad conduzca una policía propia. Así, entrampa a Macri. Lo obliga a crear una policía paralela o a aceptar el traspaso de la Federal sin recursos. Es una maniobra de doble efecto: debilita a su adversario y mantiene el equilibrio con las provincias.
La ciudad no parece en condiciones de reasignar 900 millones de pesos por año para llevar a la calle el absurdo de tener dos policías. Necesita que el gobierno nacional le transfiera fondos para ello. Pero el Gobierno se desentiende y responde que la única solución es la modificación de la ley de coparticipación. Ergo, enfrenta a Macri con las provincias y lo convierte en una especie de cuco para el interior.
La ciudad recibe el 1,4% de los recursos coparticipables. Poco. Pero las provincias no aceptan ceder más dinero para pagar la policía de los porteños. En la práctica, hoy la pagan, pues los recursos de la Federal surgen del presupuesto nacional. El tema es que no se toma de la coparticipación, sino del dinero que maneja la Nación. Modificar la coparticipación implica restarle ingresos al interior.
El enfrentamiento esconde también una lucha ideológica. El control laxo de la vía pública ejercido por el progresismo se opone con la política más firme sugerida por el centro que representa Macri.
Cómo se resuelven los problemas cotidianos en la calle marca otro punto de la rivalidad. Se trata, para los porteños, de un incordio no resuelto por la centroizquierda en los últimos siete años. ¿Le interesa al Gobierno darle justo a Macri la posibilidad de solucionar el problema desde otra óptica ideológica?
El gobierno nacional traba a Macri, lo enfrenta con el interior, limita su gestión y, de paso, se queda con 900 millones y el manejo de la política de control. Macri pelea porque necesita la policía para cumplir con lo que prometió. Hay dinero, recursos y política detrás del enfrentamiento.
