La Nación: Presión de Macri por el traspaso de la policía
La paciencia de Mauricio Macri, recientemente elegido jefe de gobierno porteño, parece alcanzar su límite.
En conferencia de prensa, el líder de Pro reclamó ayer al presidente Néstor Kirchner que cumpla con lo prometido, es decir, que facilite el traspaso de la seguridad, de la Justicia, del manejo del transporte y del puerto –con sus correspondientes recursos– a la órbita de la Capital, para lo cual el jefe del Estado propuso, incluso como fecha límite, el 15 del actual. Como transcurrió más de un mes desde que el Presidente hizo público ese compromiso, y ayer fracasó, una vez más, la sesión especial convocada por Pro en la Cámara de Diputados para discutir el tema, Macri decidió tomar el toro por las astas: anticipó que podría convocar a una consulta popular en la Capital si el Gobierno continúa renuente a facilitarle su gestión.
El actual jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman, había convocado a una consulta popular para el 24 de junio pasado con el fin de forzar al Gobierno a que accediera al traspaso de la policía. Finalmente, esa medida fue postergada sin fecha.
El oficialismo parece dispuesto a ceder sólo parcialmente al reclamo de Macri. En México, altos funcionarios del Gobierno que acompañan al Presidente en su visita a ese país anticiparon que aceptarán modificar la polémica ley Cafiero para permitir a la ciudad conformar una fuerza de seguridad local, pero, agregaron, esto no implicaría la cesión de los recursos correspondientes, que rondan los 900 millones de pesos anuales.
En esta misma línea, el jefe del bloque oficialista de la Cámara de Diputados, Agustín Rossi (FPV-Santa Fe), la semana próxima se comenzará a trabajar en la Comisión de Asuntos Municipales en la modificación de la ley Cafiero.
"Estamos de acuerdo en permitir que la Capital pueda armar su propia fuerza de seguridad. En lo que no estamos de acuerdo es en la transferencia de recursos y de los efectivos policiales", subrayó Rossi a LA NACION, y estimó que antes del 15 del actual -fecha en que se vence el plazo acordado entre el Presidente y Macri- "podría haber una definición legislativa" sobre el asunto.
El problema es que, para Macri, no es suficiente avanzar solamente con la modificación de la ley Cafiero sin que, en forma paralela o en una segunda instancia inmediata, se acuerde con el gobierno nacional la transferencia de los recursos.
"Modificar la ley Cafiero para habilitar el traspaso de la competencia de seguridad a la Capital es un paso adelante, pero no suficiente. Hay que avanzar en la cuestión de los recursos, como también en la transferencia de otros servicios a la ciudad, como el transporte, el puerto y la Justicia", enfatizó Macri.
"Quiero seguir creyendo que el Presidente va a cumplir con su palabra. Esto no es un tema entre Néstor, que es Kirchner, y Mauricio, que es Macri; es un tema de respeto a los vecinos que reclaman la autonomía", insistió el líder de Pro.
Entre legisladores
El legislador hizo público su reclamo en el Congreso, rodeado por el bloque de diputados de su partido y, también, por Eduardo Camaño y Lucrecia Monti, referentes del lavagnismo, junto con el radical Oscar Aguad. Un acompañamiento poco casual que dio lugar a suspicacias políticas en plena campaña electoral.
Pero Macri no estaba dispuesto a dispersarse en cuestiones proselitistas; su interés, ayer, era concentrar su reclamo en la cuestión de la autonomía porteña, una herramienta que él considera fundamental para arrancar su gestión con el pie derecho. Esa autonomía, insistió hasta el cansancio, debe ser acompañada de la transferencia correspondiente de fondos.
El oficialismo se niega y como argumento (que la oposición considera una excusa) esgrime que ceder fondos a la Capital perjudicaría a las provincias en la porción que perciben por coparticipación. "Este argumento es faltarle el respeto a la gente y tomar por tontos a los gobernadores. Actualmente la Nación cede los 900 millones para financiar la seguridad porteña; nada se les quitaría a las provincias", insistió ayer Macri.
Pero éste es un punto que el Gobierno no quiere ceder. Y le será muy difícil al macrismo torcer su parecer, ya que el oficialismo cuenta con la mayoría de los votos en ambas cámaras para imponer su criterio. De hecho, ayer se deslizaba que el proyecto que propondrá el kirchnerismo es el que recientemente presentó el titular de la Comisión de Presupuesto, Carlos Snopek (Jujuy), que faculta a la ciudad a contar con una fuerza policial aunque con la misión acotada de controlar las cuestiones de tránsito y de delitos contravencionales.
"Si las provincias se hacen cargo de sus propios servicios, entre ellos la policía, entonces la Capital no debiera ser diferente", deslizan los oficialistas.
Esta posición es compartida, también, por otros bloques provinciales. De hecho, en la sesión especial de ayer convocada por Pro los asistentes apenas si superaban los cuarenta. En ese recinto semivacío, predominaron las críticas y los reclamos al Gobierno.
El jefe del bloque de Pro, Federico Pinedo, señaló que la autonomía "es un tema de respeto de la facultad de los porteños de autogobernarse", y la radical Silvana Giudici cuestionó que, "como en otras oportunidades, el oficialismo demuestra que no tiene la intención de avanzar en la autonomía plena" de la ciudad. Por último, Jorge Vanossi se preguntó si esta dilación no obedecerá a la búsqueda de pretextos "para la intervención federal de la ciudad de Buenos Aires".
Por Laura Serra
Acercamiento
- El lavagnismo, representado por los diputados Eduardo Camaño y Lucrecia Monti, junto con el radical Oscar Aguad, acompañaron ayer a Mauricio Macri en la conferencia de prensa. Esto despertó suspicacias ante el posible entendimiento entre Roberto Lavagna y Macri para las elecciones presidenciales. El asesor de Lavagna, Alejandro Rodríguez, dijo que "las potencialidades de los diálogos siempre están presentes".
22 de agosto de 1994
Se jura la Constitución nacional, que da estatus de autónoma a la ciudad de Buenos Aires. Comienza la pelea por la gestión de temas y recursos.
8 de noviembre de 1995
El Congreso sanciona la ley Cafiero, que protege los intereses del gobierno nacional en territorio porteño. En el artículo 7°, prohíbe que la Capital conduzca una fuerza de seguridad propia.
6 de agosto de 1996
Fernando de la Rúa asume como primer jefe de gobierno. Entre sus reclamos figura la transferencia de la Policía Federal.
9 de diciembre de 1999
De la Rúa asume como presidente. Deja a cargo de la ciudad a su vicejefe, Enrique Olivera, a quien decide no cederle el control de la policía.
6 de agosto de 2000
Aníbal Ibarra jura como nuevo jefe de gobierno. Promete ser un fiscal para la ciudad y reclama el control de la Policía Federal. De la Rúa, otra vez, se niega.
1° de enero de 2002
Eduardo Duhalde se convierte en presidente. Al poco tiempo, envía un mensaje claro: durante su transición, no habrá cesión de la policía.
30 de diciembre de 2004
Se incendia Cromagnon y cinco policías son procesados. Ibarra se queja porque no controla la seguridad y el ministro del Interior, Aníbal Fernández, responde que igual no habrá cesión.
Mayo de 2007
En campaña, Mauricio Macri, Daniel Filmus y Jorge Telerman reclaman el traspaso de la policía. Filmus consigue un supuesto OK de los diputados oficialistas. Cuando pierde, el ímpetu se desinfla.
27 de junio de 2007
Néstor Kirchner recibe a Macri en la Casa Rosada. Hablan de la autonomía. El Presidente promete modificar la ley Cafiero.
22 de julio de 2007
Aníbal Fernández envía un mensaje que irrita al macrismo: la cesión debe dirimirse en el Congreso, no en la Casa Rosada.
1° de agosto de 2007
Macri lleva el debate a los medios y amenaza con una consulta popular si no le dan la policía con los recursos correspondientes.
