La Nación: Moreno no cede en su ataque a Shell
El Gobierno tiene decidido avanzar en su pedido de arresto contra las autoridades de la petrolera Shell: ratificará sus acusaciones de "desabastecimiento" ante la Justicia y pedirá pena de prisión para todo el directorio de la compañía, informó ayer una fuente oficial a LA NACION.
La denuncia contra la empresa anglo-holandesa fue presentada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. En total, fueron 27 acusaciones diferentes (una por cada acta labrada contra Shell). La primera llegó a los tribunales hace casi dos meses; la última, la semana pasada. Y el Gobierno advierte que le quedan unas 50 más, que seguirán el mismo camino.
En la Justicia, buscan acumularlas en una sola investigación.
Para avanzar con la causa, el juez Marcelo Aguinsky citó a Moreno para el lunes próximo. La idea es que ratifique su denuncia en los tribunales, primer paso en todo proceso. La cita es a las 11 y el denunciante debe ir en persona, relató a LA NACION una fuente que interviene en el expediente.
Entonces, el juez le pedirá que identifique a los directivos de Shell que pretende encarcelar.
Un funcionario con diálogo frecuente con Moreno adelantó ayer que el secretario de Comercio Interior tiene previsto pedir el arresto de "todos los miembros del directorio" de la empresa, y no sólo el del presidente de la filial argentina, Juan José Aranguren. Este empresario, muchas veces crítico del kirchnerismo, tiene desde hace años una relación tensa con el Gobierno.
Por el momento, ninguno de los directivos de Shell corre peligro de ir a prisión. "El juez de ninguna manera va a disponer una sanción sin un proceso previo. Lo que busca es crear las condiciones para celebrar un juicio", dijo a LA NACION una persona que trabaja en el juzgado de Aguinsky.
Sin respuesta
Durante los últimos días, LA NACION intentó comunicarse con el secretario de Comercio Interior, pero Moreno no respondió los llamados.
Ayer, los abogados de Shell se presentaron en tribunales para averiguar qué riesgo corrían las autoridades de la empresa y anunciaron que volverían para seguir con los trámites formales del expediente, según informaron fuentes judiciales.
Si este caso sigue adelante será una causa paradigmática, la primera en su tipo. Nunca antes había llegado a los tribunales en lo penal económico una denuncia semejante.
El Gobierno basó su pedido de arresto en la ley de abastecimiento, de 1974, una norma de cuestionada constitucionalidad. En sus artículos incluye penas graves, pero no establece cómo se aplicarán.
El viernes último, en su primera resolución del expediente, el juez Aguinsky -el mismo que suspendió la indagatoria de la ministra de Defensa- decidió que se siguiera en este caso el procedimiento que se utiliza para los juicios correccionales.
Siempre sobre la base de la ley de abastecimiento, Moreno sancionó a Shell varias veces.
Primero, le aplicó multas de un millón de pesos, las más altas posibles. Pero la ley prevé también penas privativas de la libertad que sólo un magistrado puede imponer. Fue por eso que Moreno les pidió a los jueces que determinaran "la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 5 incisos b) y j) de la ley 20.680".
El inciso b) prevé una pena de "arresto de hasta 90 días". El j) establece que, "en caso de que los hechos adquieran por su naturaleza o por sus consecuencias especial gravedad (...) se aplicará la pena de prisión de seis meses a cuatro años".
El Gobierno y Shell tienen un enfrentamiento de larga data, que atravesó su peor momento cuando el presidente Néstor Kirchner pidió que no se le comprara a Shell "ni una lata de aceite" y 33 estaciones de servicio fueron bloqueadas por piqueteros.
En esta nueva batalla judicial, Shell también atacó. El mismo día que llegó la primera denuncia de Moreno contra la empresa, presentó un amparo para que el Gobierno se abstuviera de seguir aplicándole la ley de abastecimiento. Shell denunció que hay una actitud de persecución en su contra. Este amparo está en poder del juez Diego Zysman, que hasta ayer no lo había resuelto, según informaron fuentes judiciales.
La denuncia contra la empresa anglo-holandesa fue presentada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. En total, fueron 27 acusaciones diferentes (una por cada acta labrada contra Shell). La primera llegó a los tribunales hace casi dos meses; la última, la semana pasada. Y el Gobierno advierte que le quedan unas 50 más, que seguirán el mismo camino.
En la Justicia, buscan acumularlas en una sola investigación.
Para avanzar con la causa, el juez Marcelo Aguinsky citó a Moreno para el lunes próximo. La idea es que ratifique su denuncia en los tribunales, primer paso en todo proceso. La cita es a las 11 y el denunciante debe ir en persona, relató a LA NACION una fuente que interviene en el expediente.
Entonces, el juez le pedirá que identifique a los directivos de Shell que pretende encarcelar.
Un funcionario con diálogo frecuente con Moreno adelantó ayer que el secretario de Comercio Interior tiene previsto pedir el arresto de "todos los miembros del directorio" de la empresa, y no sólo el del presidente de la filial argentina, Juan José Aranguren. Este empresario, muchas veces crítico del kirchnerismo, tiene desde hace años una relación tensa con el Gobierno.
Por el momento, ninguno de los directivos de Shell corre peligro de ir a prisión. "El juez de ninguna manera va a disponer una sanción sin un proceso previo. Lo que busca es crear las condiciones para celebrar un juicio", dijo a LA NACION una persona que trabaja en el juzgado de Aguinsky.
Sin respuesta
Durante los últimos días, LA NACION intentó comunicarse con el secretario de Comercio Interior, pero Moreno no respondió los llamados.
Ayer, los abogados de Shell se presentaron en tribunales para averiguar qué riesgo corrían las autoridades de la empresa y anunciaron que volverían para seguir con los trámites formales del expediente, según informaron fuentes judiciales.
Si este caso sigue adelante será una causa paradigmática, la primera en su tipo. Nunca antes había llegado a los tribunales en lo penal económico una denuncia semejante.
El Gobierno basó su pedido de arresto en la ley de abastecimiento, de 1974, una norma de cuestionada constitucionalidad. En sus artículos incluye penas graves, pero no establece cómo se aplicarán.
El viernes último, en su primera resolución del expediente, el juez Aguinsky -el mismo que suspendió la indagatoria de la ministra de Defensa- decidió que se siguiera en este caso el procedimiento que se utiliza para los juicios correccionales.
Siempre sobre la base de la ley de abastecimiento, Moreno sancionó a Shell varias veces.
Primero, le aplicó multas de un millón de pesos, las más altas posibles. Pero la ley prevé también penas privativas de la libertad que sólo un magistrado puede imponer. Fue por eso que Moreno les pidió a los jueces que determinaran "la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 5 incisos b) y j) de la ley 20.680".
El inciso b) prevé una pena de "arresto de hasta 90 días". El j) establece que, "en caso de que los hechos adquieran por su naturaleza o por sus consecuencias especial gravedad (...) se aplicará la pena de prisión de seis meses a cuatro años".
El Gobierno y Shell tienen un enfrentamiento de larga data, que atravesó su peor momento cuando el presidente Néstor Kirchner pidió que no se le comprara a Shell "ni una lata de aceite" y 33 estaciones de servicio fueron bloqueadas por piqueteros.
En esta nueva batalla judicial, Shell también atacó. El mismo día que llegó la primera denuncia de Moreno contra la empresa, presentó un amparo para que el Gobierno se abstuviera de seguir aplicándole la ley de abastecimiento. Shell denunció que hay una actitud de persecución en su contra. Este amparo está en poder del juez Diego Zysman, que hasta ayer no lo había resuelto, según informaron fuentes judiciales.
