La Nación: La oposición amplió la denuncia
Aquel polémico viaje en el avión de Royal Class que funcionarios argentinos y venezolanos compartieron en la madrugada del 4 de agosto y por el cual ingresaron una valija con 800.000 dólares le costó al Estado casi 100.000 dólares. El certificado que lo confirma es la prueba que ayer aportó a la Justicia el compañero de fórmula de Roberto Lavagna, Gerardo Morales, que ya había presentado una denuncia penal sobre el escándalo.
El senador y titular de la UCR realizó ayer una ampliación de su denuncia y acusó a funcionarios argentinos por malversación de caudales públicos. Asimismo, reveló que en la nota que la firma Royal Class giró a la Aduana y a Migraciones, en la que solicitaba "la extensión del servicio de la Terminal Sur" del Aeroparque, indicaba que transportaría a "seis pasajeros de Presidencia de la Nación", sin incluir a los funcionarios venezolanos ni al empresario Guido Alejandro Antonini Wilson, que traía la famosa valija.
"Son dos pruebas contundentes del grado de menosprecio por los controles y del despilfarro de recursos de los funcionarios kirchneristas", enfatizó Morales a LA NACION. El candidato había presentado hace 15 días una denuncia por lavado de dinero contra los funcionarios argentinos y venezolanos. La presentación, que recayó en el juzgado de Jorge Ballestero, cuestiona a los funcionarios por "soborno transnacional, encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo".
En el avión alquilado por Enarsa iban tres funcionarios argentinos: Exequiel Espinosa, presidente de Enarsa; Claudio Uberti, jefe del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), y Victoria Bereziuk, contratada por el Occovi. Los dos últimos perdieron el cargo por el escándalo. El escrito de Morales fue acompañado por la firma de los presidentes de los bloques parlamentarios de la UCR, Ernesto Sanz (senadores) y Fernando Chironi (diputados).
El senador y titular de la UCR realizó ayer una ampliación de su denuncia y acusó a funcionarios argentinos por malversación de caudales públicos. Asimismo, reveló que en la nota que la firma Royal Class giró a la Aduana y a Migraciones, en la que solicitaba "la extensión del servicio de la Terminal Sur" del Aeroparque, indicaba que transportaría a "seis pasajeros de Presidencia de la Nación", sin incluir a los funcionarios venezolanos ni al empresario Guido Alejandro Antonini Wilson, que traía la famosa valija.
"Son dos pruebas contundentes del grado de menosprecio por los controles y del despilfarro de recursos de los funcionarios kirchneristas", enfatizó Morales a LA NACION. El candidato había presentado hace 15 días una denuncia por lavado de dinero contra los funcionarios argentinos y venezolanos. La presentación, que recayó en el juzgado de Jorge Ballestero, cuestiona a los funcionarios por "soborno transnacional, encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo".
En el avión alquilado por Enarsa iban tres funcionarios argentinos: Exequiel Espinosa, presidente de Enarsa; Claudio Uberti, jefe del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), y Victoria Bereziuk, contratada por el Occovi. Los dos últimos perdieron el cargo por el escándalo. El escrito de Morales fue acompañado por la firma de los presidentes de los bloques parlamentarios de la UCR, Ernesto Sanz (senadores) y Fernando Chironi (diputados).
El FBI no quiere hablar del caso
Tres veces, el director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Robert Mueller, se negó a dar precisiones, pero dejó en claro que está al tanto del escándalo que involucra a Guido Alejandro Antonini Wilson y los gobiernos de la Argentina y Venezuela.
"Debo decirles que no debo y no puedo hacer comentarios sobre investigaciones en marcha", se excusó, durante una visita a esta ciudad. Horas después, la vocera del FBI en Miami, Judy Orihuela, aclaró a LA NACION que Mueller se refirió a que "no se pueden hacer comentarios sobre un pedido que la Argentina aún no envió" y que no se trata de "una investigación autónoma iniciada en los Estados Unidos".
En el complejo residencial de Key Biscayne, donde en teoría fue "ubicado" Antonini la semana pasada, todo parecía haber vuelto a la normalidad, al igual que en la casa que su socio Franklin Durán habita a dos kilómetros de allí.
El supuesto "valijero" de los 790.550 dólares no se mostró por el complejo en los últimos días, pero sí su esposa, Jacqueline Regnault, que retomó casi toda su rutina diaria, incluyendo llevar a sus hijas, que tendrían 9 y 7 años, a la escuela y a sus clases de natación.
"Ella volvió como si nada hubiese pasado. Eso hay que reconocérselo", dijo uno de sus interlocutores habituales en las tertulias que compartían hasta que trascendió el escándalo. Pero él mantiene su extremo bajo perfil. Un hombre que atendió la llamada de LA NACION a su celular se limitó a comentar que "le pasaría" el mensaje. Y poco más.
