La Nación: Crece la polémica por el traspaso de la policía
El gobierno nacional ratificó ayer su voluntad de traspasar la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal a la ciudad y responsabilizó al Congreso nacional, de mayoría oficialista, por los obstáculos existentes para transferir los fondos necesarios para costear el funcionamiento de la fuerza de seguridad.
Desde el macrismo, en tanto, reiteraron las quejas presentadas luego de la reunión de anteayer entre el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el diputado nacional Federico Pinedo, uno de los interlocutores designados por Mauricio Macri para avanzar en las negociaciones por la autonomía porteña.
"No percibimos buena voluntad del Gobierno para transferir la policía, desde el momento en que ponen permanentes trabas a cualquier mecanismo que permita transferir recursos para financiar el traspaso", sostuvo el también diputado nacional de Pro Eugenio Burzaco.
Allegados a Alberto Fernández dijeron a LA NACION que "el Gobierno cree que la ciudad debe tener su policía", pero que "lo que haga el Congreso" excede al Poder Ejecutivo.
Consultados sobre si el presidente Kirchner no podría hacer una gestión para que los bloques mayoritarios del Frente para la Victoria en ambas cámaras legislativas respaldaran la transferencia de fondos, las fuentes dejaron entrever que el momento resulta poco propicio porque la dirigencia política está "ocupada" en la campaña electoral.
Fecha en dudas
En ese sentido, parece que la fecha límite del 15 de agosto propuesta por Macri para reformar la ley Cafiero -que impide a la Capital tener policía propia- complicaría las cosas en lugar de apurar una solución.
"La voluntad existe, pero el problema reside en cómo instrumentar el traspaso. Hay que encontrar la forma para transferirla. Y ese trámite es muy complejo", indicaron los allegados al jefe de Gabinete.
Actualmente, la policía trabaja con un presupuesto de 900 millones de pesos. Desde Pro reclaman que esa partida sea también cedida a la ciudad, ya que no puede obtenerse del presupuesto porteño, pues significa el 10% del total. De lo contrario, el macrismo propone aumentar los puntos de coparticipación que recibe la Capital. Ninguno de los dos trámites resultaría sencillo.
Ayer, dirigentes porteños tanto de Pro como de otras fuerzas políticas evaluaron que las dilaciones esconden en realidad el desinterés del gobierno nacional.
"El ministro del Interior [Aníbal Fernández] no se quiere reunir con nosotros, en una clara demostración de que no quieren cumplir con lo prometido, y Alberto Fernández pone muchos peros. El Presidente se muestra predispuesto y los ministros se muestran reacios", se quejó Burzaco.
Los jefes de los bloques de la UCR en el Senado y en la Cámara de Diputados, Ernesto Sanz y Fernando Chironi, respectivamente, también fijaron posición. "El gobierno de Kirchner no expresó la menor voluntad de que la ciudad resuelva sus problemas de seguridad o transporte. Queda así al descubierto la parodia del candidato Daniel Filmus, que prometía la inminencia de la modificación de la ley Cafiero", dijeron en un comunicado, luego de reunirse con la diputada nacional Silvana Giudici y Ricardo Gil Lavedra, presidente de la Convención Metropolitana de la UCR.
Sergio Abrevaya, legislador porteño elegido por la Coalición Cívica, opinó: "El Gobierno no tiene la misma voluntad para transferir el manejo del tránsito que de la policía. Está demostrado en las trabas que pone para resolver el tema de las partidas presupuestarias".
Desde el macrismo, en tanto, reiteraron las quejas presentadas luego de la reunión de anteayer entre el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el diputado nacional Federico Pinedo, uno de los interlocutores designados por Mauricio Macri para avanzar en las negociaciones por la autonomía porteña.
"No percibimos buena voluntad del Gobierno para transferir la policía, desde el momento en que ponen permanentes trabas a cualquier mecanismo que permita transferir recursos para financiar el traspaso", sostuvo el también diputado nacional de Pro Eugenio Burzaco.
Allegados a Alberto Fernández dijeron a LA NACION que "el Gobierno cree que la ciudad debe tener su policía", pero que "lo que haga el Congreso" excede al Poder Ejecutivo.
Consultados sobre si el presidente Kirchner no podría hacer una gestión para que los bloques mayoritarios del Frente para la Victoria en ambas cámaras legislativas respaldaran la transferencia de fondos, las fuentes dejaron entrever que el momento resulta poco propicio porque la dirigencia política está "ocupada" en la campaña electoral.
Fecha en dudas
En ese sentido, parece que la fecha límite del 15 de agosto propuesta por Macri para reformar la ley Cafiero -que impide a la Capital tener policía propia- complicaría las cosas en lugar de apurar una solución.
"La voluntad existe, pero el problema reside en cómo instrumentar el traspaso. Hay que encontrar la forma para transferirla. Y ese trámite es muy complejo", indicaron los allegados al jefe de Gabinete.
Actualmente, la policía trabaja con un presupuesto de 900 millones de pesos. Desde Pro reclaman que esa partida sea también cedida a la ciudad, ya que no puede obtenerse del presupuesto porteño, pues significa el 10% del total. De lo contrario, el macrismo propone aumentar los puntos de coparticipación que recibe la Capital. Ninguno de los dos trámites resultaría sencillo.
Ayer, dirigentes porteños tanto de Pro como de otras fuerzas políticas evaluaron que las dilaciones esconden en realidad el desinterés del gobierno nacional.
"El ministro del Interior [Aníbal Fernández] no se quiere reunir con nosotros, en una clara demostración de que no quieren cumplir con lo prometido, y Alberto Fernández pone muchos peros. El Presidente se muestra predispuesto y los ministros se muestran reacios", se quejó Burzaco.
Los jefes de los bloques de la UCR en el Senado y en la Cámara de Diputados, Ernesto Sanz y Fernando Chironi, respectivamente, también fijaron posición. "El gobierno de Kirchner no expresó la menor voluntad de que la ciudad resuelva sus problemas de seguridad o transporte. Queda así al descubierto la parodia del candidato Daniel Filmus, que prometía la inminencia de la modificación de la ley Cafiero", dijeron en un comunicado, luego de reunirse con la diputada nacional Silvana Giudici y Ricardo Gil Lavedra, presidente de la Convención Metropolitana de la UCR.
Sergio Abrevaya, legislador porteño elegido por la Coalición Cívica, opinó: "El Gobierno no tiene la misma voluntad para transferir el manejo del tránsito que de la policía. Está demostrado en las trabas que pone para resolver el tema de las partidas presupuestarias".
