Clarín: Miceli prepara su defensa legal y el Gobierno opta por el silencio
Los abogados del Ministerio de Economía empezaron a reunir toda la documentación disponible vinculada a la aparición de una bolsa con plata en el baño de Felisa Miceli. Buscan responder a los pedidos que hizo el fiscal federal que lleva adelante la investigación judicial.
La decisión política que campea en Economía por estas horas en torno a este episodio es evitar las declaraciones públicas y concentrarse en la vía judicial. Pero no lo hacen sólo para cumplir con los requisitos formales para su defensa. Según pudo averiguar Clarín cerca de Miceli, también será parte de "una contraofensiva" que empezaría a cobrar forma desde la semana próxima.
El silencio de radio autoimpuesto no se limita sólo al Palacio de Hacienda. También llega a la Casa Rosada, donde la decisión sería esperar un tiempo prudencial para ver si la estrategia judicial de Miceli rinde frutos.
Más allá de los reproches que habrían formulado, ni Néstor Kirchner ni el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, verían con buenos ojos que el escándalo de la bolsa con plata arrastre a la ministra a la renuncia. "Lo ideal sería que no se tenga que ir", comentó en los últimos días un allegado al Presidente. Pero lo ideal no siempre comulga con lo terrenal. Por eso, el escenario de la renuncia no es ajeno a esas reflexiones, aunque por ahora no sea más que una hipótesis.
Entre la documentación que pidió el fiscal Guillermo Marijuan, figura el acta que se labró el 5 de junio, cuando la Brigada de Explosivos de la Policía Federal encontró el paquete sospechoso en el baño de la oficina de Miceli. Allí consta que había $ 100.000 y 31.670 dólares (ver la copia en esta página). La información que publicó días después el semanario Perfil aseguraba que había un equivalente a 241.000 dólares.
Más allá del monto del hallazgo, lo que el fiscal quiere determinar -tal como antes había intentado hacer Manuel Garrido, de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas- es si ese dinero pertenecía a Felisa Miceli y, en todo caso, si figuraba en su declaración jurada de impuestos. En Economía admiten que esas sumas no serían consistentes con la situación patrimonial declarada para el ejercicio 2005, cuyos detalles ya trascendieron a la prensa. Pero aseguran que son compatibles con los ingresos que la ministra puede demostrar en 2006. Hasta ayer, en la Administración Federal de Ingresos Públicos no habían recibido ningún requerimiento judicial sobre las declaraciones de Miceli.
En la mira de los asesores jurídicos de Miceli quedó ahora el abogado Miguel Bootello, quien hizo la denuncia penal contra la ministra.
Bootello, en declaraciones periodísticas, dijo ayer: "La verdad está en el primer acta que levantaron los bomberos, que no aparece. Esa es la madre del borrego". Así aludió a una supuesta acta donde figurarían los US$ 241.000 que Economía niega.
La decisión política que campea en Economía por estas horas en torno a este episodio es evitar las declaraciones públicas y concentrarse en la vía judicial. Pero no lo hacen sólo para cumplir con los requisitos formales para su defensa. Según pudo averiguar Clarín cerca de Miceli, también será parte de "una contraofensiva" que empezaría a cobrar forma desde la semana próxima.
El silencio de radio autoimpuesto no se limita sólo al Palacio de Hacienda. También llega a la Casa Rosada, donde la decisión sería esperar un tiempo prudencial para ver si la estrategia judicial de Miceli rinde frutos.
Más allá de los reproches que habrían formulado, ni Néstor Kirchner ni el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, verían con buenos ojos que el escándalo de la bolsa con plata arrastre a la ministra a la renuncia. "Lo ideal sería que no se tenga que ir", comentó en los últimos días un allegado al Presidente. Pero lo ideal no siempre comulga con lo terrenal. Por eso, el escenario de la renuncia no es ajeno a esas reflexiones, aunque por ahora no sea más que una hipótesis.
Entre la documentación que pidió el fiscal Guillermo Marijuan, figura el acta que se labró el 5 de junio, cuando la Brigada de Explosivos de la Policía Federal encontró el paquete sospechoso en el baño de la oficina de Miceli. Allí consta que había $ 100.000 y 31.670 dólares (ver la copia en esta página). La información que publicó días después el semanario Perfil aseguraba que había un equivalente a 241.000 dólares.
Más allá del monto del hallazgo, lo que el fiscal quiere determinar -tal como antes había intentado hacer Manuel Garrido, de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas- es si ese dinero pertenecía a Felisa Miceli y, en todo caso, si figuraba en su declaración jurada de impuestos. En Economía admiten que esas sumas no serían consistentes con la situación patrimonial declarada para el ejercicio 2005, cuyos detalles ya trascendieron a la prensa. Pero aseguran que son compatibles con los ingresos que la ministra puede demostrar en 2006. Hasta ayer, en la Administración Federal de Ingresos Públicos no habían recibido ningún requerimiento judicial sobre las declaraciones de Miceli.
En la mira de los asesores jurídicos de Miceli quedó ahora el abogado Miguel Bootello, quien hizo la denuncia penal contra la ministra.
Bootello, en declaraciones periodísticas, dijo ayer: "La verdad está en el primer acta que levantaron los bomberos, que no aparece. Esa es la madre del borrego". Así aludió a una supuesta acta donde figurarían los US$ 241.000 que Economía niega.
