Infobae: Analizan si acto guerrillero es crimen de lesa humanidadAgregar a mis artículos
La Justicia federal de Rosario deberá dictaminar sobre el secuestro y homicidio de un militar en 1974. Se trata del crimen del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado por el ERP durante el asalto a la fábrica militar de Villa María
El fiscal general de la Cámara Federal de Rosario, Claudio Palacín, deberá dictaminar si el secuestro, cautiverio y homicidio de un militar en 1974 por la guerrilla es un "delito de lesa humanidad" y, por lo tanto, equiparable a los crímenes de la última dictadura e imprescriptible.
Así lo aseguraron a la agencia DyN fuentes judiciales, que informaron que el funcionario del Ministerio Público tiene en sus manos el expediente sobre el crimen del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) el 11 de agosto de l974 durante el asalto a la fábrica militar de Villa María, Córdoba.
El ERP sacó del cuartel a Larrabure, de 42 años, y lo encerró en lo que denominaba "cárcel del pueblo" -construida en el sótano de una casa de Rosario- durante poco más de un año, exactamente 372 días.
Su cadáver apareció el 23 de agosto de 1975, con signos evidentes de estrangulamiento y golpes, según su hijo Arturo Larrabure. La causa estaba archivada desde 1975, cuando se ordenó la captura de Aurora Brunet de González.
El hijo del militar, en febrero último, se presentó en el juzgado federal número cuatro, a cargo del juez subrogante Germán Sutter Schneider, que lleva todas las causas por violaciones a los Derechos Humanos en el II Cuerpo de Ejército en la dictadura.
Alberto Larrabure reclamó al magistrado que declare el hecho "crimen de lesa humanidad", la reapertura de la causa y el juzgamiento de los responsables de la muerte de su padre, con la asistencia del letrado Javier Vigo Leguizamón, de la ciudad de Santa Fe.
"Pido a Vuestra Señoría que por un momento se sitúe en mi piel, padeciendo conmigo. Que piense que ese hombre torturado, flagelado, ahorcado vilmente, que ve en las fotos, es su padre. Pregúntese qué sentiría si al tener finalmente la causa en sus manos, hubiera comprobado que tan sólo tenía un cuerpo, sin interrogatorios, sin procesamientos, sin condenas", planteó.
Entonces el juez le dio vista al fiscal Francisco Sosa, quien se negó a la reapertura de la causa alegando que la acción penal se encontraba prescripta, por tratarse de un delito común insusceptible de ser encuadrado en el concepto de crimen de lesa humanidad porque no intervinieron agentes estatales, en coincidencia con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia.
Larrabure replicó que el fiscal negó el derecho a ser oído mediante un recurso efectivo ante la Justicia y, además, alzarse contra la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y contra la opinión del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo.
El ex fiscal adjunto del juicio a las Juntas Militares declaró tiempo atrás al periodismo que "tanto los crímenes cometidos por la guerrilla como los perpetrados por la dictadura militar y la Triple A deben ser considerados delitos de lesa humanidad".
En medio del disenso entre la fiscalía y el querellante, el juez Sutter Schneider elevó la causa al fiscal de Cámara Palacín, quien ahora deberá expedirse, aunque tiempo atrás ya dictaminó a favor de declarar "delito de lesa humanidad" el asesinato en 1973 del dirigente peronista de Rosario Constantino Razzetti por la Alianza Anticomunista Argentina o Triple A.
Así lo aseguraron a la agencia DyN fuentes judiciales, que informaron que el funcionario del Ministerio Público tiene en sus manos el expediente sobre el crimen del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) el 11 de agosto de l974 durante el asalto a la fábrica militar de Villa María, Córdoba.
El ERP sacó del cuartel a Larrabure, de 42 años, y lo encerró en lo que denominaba "cárcel del pueblo" -construida en el sótano de una casa de Rosario- durante poco más de un año, exactamente 372 días.
Su cadáver apareció el 23 de agosto de 1975, con signos evidentes de estrangulamiento y golpes, según su hijo Arturo Larrabure. La causa estaba archivada desde 1975, cuando se ordenó la captura de Aurora Brunet de González.
El hijo del militar, en febrero último, se presentó en el juzgado federal número cuatro, a cargo del juez subrogante Germán Sutter Schneider, que lleva todas las causas por violaciones a los Derechos Humanos en el II Cuerpo de Ejército en la dictadura.
Alberto Larrabure reclamó al magistrado que declare el hecho "crimen de lesa humanidad", la reapertura de la causa y el juzgamiento de los responsables de la muerte de su padre, con la asistencia del letrado Javier Vigo Leguizamón, de la ciudad de Santa Fe.
"Pido a Vuestra Señoría que por un momento se sitúe en mi piel, padeciendo conmigo. Que piense que ese hombre torturado, flagelado, ahorcado vilmente, que ve en las fotos, es su padre. Pregúntese qué sentiría si al tener finalmente la causa en sus manos, hubiera comprobado que tan sólo tenía un cuerpo, sin interrogatorios, sin procesamientos, sin condenas", planteó.
Entonces el juez le dio vista al fiscal Francisco Sosa, quien se negó a la reapertura de la causa alegando que la acción penal se encontraba prescripta, por tratarse de un delito común insusceptible de ser encuadrado en el concepto de crimen de lesa humanidad porque no intervinieron agentes estatales, en coincidencia con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia.
Larrabure replicó que el fiscal negó el derecho a ser oído mediante un recurso efectivo ante la Justicia y, además, alzarse contra la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y contra la opinión del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo.
El ex fiscal adjunto del juicio a las Juntas Militares declaró tiempo atrás al periodismo que "tanto los crímenes cometidos por la guerrilla como los perpetrados por la dictadura militar y la Triple A deben ser considerados delitos de lesa humanidad".
En medio del disenso entre la fiscalía y el querellante, el juez Sutter Schneider elevó la causa al fiscal de Cámara Palacín, quien ahora deberá expedirse, aunque tiempo atrás ya dictaminó a favor de declarar "delito de lesa humanidad" el asesinato en 1973 del dirigente peronista de Rosario Constantino Razzetti por la Alianza Anticomunista Argentina o Triple A.
