La Nación: Armas: Garré admitió irregularidades
El Gobierno admitió ayer que existió una "inexplicable subfacturación" en la exportación de armas de Fabricaciones Militares a los Estados Unidos frenada por la Justicia ante la sospecha de una maniobra de contrabando. Tras la revelación exclusiva en la edición de ayer de LA NACION, el caso estalló ayer en diversos despachos oficiales. Y en el principal de ellos, el del Presidente, se dispuso que fuera la ministra de Defensa, Nilda Garré, quien ofreciera la versión oficial.
"En mi opinión hay una subfacturación que no es explicable. Parece que se trata de una venta a una empresa, que tiene las iniciales del nombre de una persona y que había recibido ya otras cargas. Lo que hay que ver es si hubo habitualidad en este tipo de maniobras", indicó la ministra en una conferencia de prensa ofrecida en Comodoro Rivadavia, a donde viajó para conmemorar el Día del Ejército. Además, dijo que, para ella, existió un intento de contrabando.
De esa manera, responsabilizó a Fabricaciones Militares por las supuestas irregularidades.
El juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia investiga la venta de 6700 kilogramos de fusiles de Fabricaciones Militares a la empresa JLD Enterprises INC, con sede en Connecticut, Estados Unidos, a un precio de sólo 2600 dólares. JLD es propiedad de un argentino llamado José Luis Díaz, de quien ahora se investiga si tiene lazos con algún funcionario de Fabricaciones Militares. Si bien ese último cargamento fue secuestrado por la Justicia, tras una denuncia de la Aduana, hubo al menos dos operaciones anteriores que sí se concretaron.
El material bélico se vendía como "desguace", pero la Justicia sospecha que estaba en condiciones de disparar. De hecho, el comprador tiene un sitio en Internet en el que ofrece material como el que terminó secuestrado.
La revelación de la noticia en LA NACION provocó inquietud en la Casa Rosada. El titular de la Aduana, Ricardo Etchegaray, estuvo reunido con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, para detallarles el resultado de su investigación interna.
Fuentes oficiales indicaron que el presidente Néstor Kirchner ordenó ayer que le entregaran un informe para determinar responsabilidades.
La sospechosa venta a JLD Enterprises había sido aprobada a mediados del 2006 por una comisión tripartita integrada por miembros de los ministerios de Defensa, Economía y Relaciones Exteriores. Fue el fin de un proceso iniciado en 2005. Pero la relación con la empresa existe al menos desde 2003, según sospecha Tiscornia.
Fabricaciones Militares, el ente de donde salieron las armas, está desde fines de 2006 en la órbita del Ministerio de Planificación y lo conduce el santacruceño Arturo Puricelli. Ese funcionario volvió a negar ayer su responsabilidad en el caso (asumió después de que se autorizara la venta ahora bajo la mira de la Justicia).
Advertencias
El hecho de que hablara Garré tiene que ver con que la aprobación del embarque pasó por su ministerio, pero también porque fue justamente la cartera a su cargo la que había emitido sospechas sobre la operación en varios documentos internos, previos a la intervención judicial.
"En mi opinión personal, lo que se investiga es un caso de contrabando. Pero lo tiene que decir la Justicia. Los periodistas quieren definiciones que no podemos dar por respeto a la Justicia que está trabajando", indicó Garré en Chubut. Según explicó, la función específica del Ministerio de Defensa en el caso concreto investigado por la Justicia era decir si los repuestos de FAL podían ser usados y si estaban prohibidas esas exportaciones por alguna de las normas vigentes.
"Nosotros pedimos algunas aclaraciones más porque nos faltaban datos sobre la empresa que iba a recibir la carga en cuestión; si realmente existía o no. El hecho de que este subfacturada la carga, no es nuestra competencia sino que debe determinarlo la Aduana", añadió Garré.
Fuentes de la Dirección General de Aduanas remitieron anoche a LA NACION la reglamentación vigente respecto de las exportaciones de productos bélicos, como una forma de explicar su participación en el caso. Allí señala que "el control aduanero que solamente expedito a partir del momento de la oficialización del permiso de embarque". El organismo que conduce Etchegaray enfatizó que, efectivamente, frenó el embarque ante las sospechas de contrabando.
Otra entidad que tomó cartas en la situación es el Registro Nacional de Armas (Renar), dependiente del Ministerio del Interior: Aníbal Fernández intenta convencer al Presidente de la necesidad de un decreto que haga obligatoria una verificación técnica de ese organismo antes de cada exportación de material bélico.
Informe de Ana Tronfi, en Comodoro Rivadavia
Conmemoración
- La ministra de Defensa, Nilda Garré, encabezó ayer la ceremonia por el 197° aniversario del Ejército. En Comodoro Rivadavia, la funcionaria anunció una partida de 90 millones de pesos para equipos militares, mientras que el teniente general Roberto Bendini destacó el proyecto de reestructuración interna militar denominado "2025".
Gerardo Morales (UCR)
- "A la ministra Garré esto es lo mínimo que le puede pasar por la alta incapacidad con la que maneja el ministerio. Ahora habría que investigar a los verdaderos responsables del presunto hecho de corrupción."
- "Me resulta muy difícil hacer una evaluación racional de tamaña irracionalidad. Hoy, además de la corrupción, debemos saber qué tipo de organización clandestina internacional estamos alimentando."
- "Resulta muy sugestivo que un embarque de armas vaya o intente ir a otro país con los números limados. Un arma en estas condiciones es un arma ilegal que se usa para delinquir."
